Se presentó el proyecto de Régimen Penal Juvenil de La Pampa por parte de la Comisión Redactora del anteproyecto, que integró el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa con la representación de la Dra. Vanesa Ranocchia Ongaro. En el acto estuvieron presentes los Ministros de Gobierno y Justicia, Daniel Bensusán, y Desarrollo Social de la Provincia, Fernanda Alonso, y el Secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello. Ahora será tratada en la Cámara de Diputados de La Pampa.
La Dra. Ranocchia Ongaro realizó el siguiente análisis sobre el trabajo de la comisión en el proyecto y los alcances de la ley:
Ante la necesidad de que nuestra provincia actualizara la normativa procesal penal vigente en materia juvenil, el Poder Ejecutivo provincial convocó a una comisión interdisciplinaria donde con la participación de integrantes de los tres poderes del Estado y de organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Colegio de Abogados, se logró la redacción del Proyecto de Ley de Procedimiento Penal para Adolescentes de La Pampa.
Así, gracias a la amable decisión de la Comisión Directiva del CAPLP tuve el grato honor de representar a nuestro Colegio, participando de esa Comisión que luego de más de un año de trabajo ininterrumpido concretó el Proyecto de Ley que fuera elevado al Poder Ejecutivo el pasado 27 de agosto de 2019.
Con esta Ley, nuestra provincia adecua su normativa a los postulados de la Constitución Nacional y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) como así también a toda la normativa internacional vigente en la materia e incluso, a la jurisprudencia especializada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los informes especializados tanto de organismos convencionales como de otros actores sociales de relevancia en la temática, como por ejemplo UNICEF.
Con este texto se abandona definitivamente el paradigma tutelar de la anterior Ley prov. 1270 y se lo reemplaza por el de protección integral de derechos, con una ley que asegura un proceso judicial con garantías, donde la regla será la aplicación de medidas no privativas de la libertad desde un abordaje multidisciplinario. Para ello será sumamente necesario que las/os profesionales que ejerzan sus cargos en el nuevo sistema, cumplan con el requisito de especialidad que resulta fundamental y uno de los principales pilares del sistema delineado por la CIDN.
Creemos que el proceso penal proyectado brinda las herramientas necesarias para garantizar la resolución de conflictos de forma tal que los adolescentes involucrados en alguna alternativa delictiva puedan insertarse nuevamente en la sociedad, de manera lícita y productiva, con el fin de lograr la mayor reducción posible de los daños producidos por sus conductas pero a su vez disminuir la repetición de acciones socialmente dañosas.
Para conseguir estos fines, se ha elaborado un sistema en el cual cada órgano judicial que deba intervenir tenga especialidad en materia de niñez y adolescencia, y actúe en un marco en el que tengan delimitados específica y claramente sus ámbitos de actuación.
Se ha proyectado de manera novedosa para La Pampa, con respecto a institutos procesales propios de la especialidad como la remisión de casos, la revisión periódica de las decisiones, la coparticipación responsable de diferentes áreas, la celeridad de los plazos y sus consecuencias, la verificación de la necesidad de privar de la libertad como última herramienta que siempre sea revisable y sustituible, la participación de las víctimas y organismos de la comunidad en todo el proceso, y esencialmente el derecho de las/os adolescentes de ser oídas/os y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, haciéndolas/os parte del proceso y de la solución como verdaderos sujetas/os de derecho, otorgándoles la posibilidad de participar activamente en cada acto del proceso para comprender las consecuencias que sus conductas hubiesen producido sobre otras personas, otorgando a las/os efectores un amplio abanico de posibilidades y propuestas para mediar en la conflictividad que tales acciones produzcan, como así también la posibilidad de indicar acciones reparativas de los daños ocasionados.
El sistema diseñado procura que se arribe a soluciones de modo ágil y con abordaje multidisciplinar aun para los casos de delitos graves en los que pueda ser necesario tomar medidas de mayor rigor coercitivo como la privación de la libertad, previéndose cláusulas específicas que pueden dar lugar a medidas rigurosas pero concordantes con el resto del sistemas de políticas públicas de la niñez.
Siempre y en todos los casos, la legislación es enteramente compatible con el Sistema de Promoción y Protección Integral diseñado por las Leyes Nacional 26061 y Provincial 2703, o las que en el futuro las reemplacen, y no se superpone en acciones y/o intervenciones sino que por el contrario se integra, permitiendo incluso la participación co-responsable de las diferentes políticas públicas del estado provincial con mecanismos de revisión periódica de las acciones implementadas.
Se trata de un proyecto moderno, redactado con lenguaje inclusivo, que crea un procedimiento penal que tiende a lograr respuestas efectivas, previendo instancias de mediación y/o procesos restaurativos en beneficio de la comunidad y permitiendo un abordaje multidisciplinar de responsabilización por el hecho delictivo, con apertura hacia políticas públicas de reducción de aspectos vulnerables.
Se considera que se ha logrado un texto dinámico y de avanzada, que tuvo en cuenta las legislaciones de otras provincias y que no debería enfrentar mayores obstáculos para su pronta implementación, entre otros aspectos, por la diversidad de actores que intervinieron en su redacción así como por el dato, no menor, de que no demandará una gran erogación presupuestaria ya que no será necesaria la creación de nuevos cargos.
Que este proyecto sea pronto ley vigente, implica hacer realidad un viejo anhelo de quienes trabajamos en el ámbito penal. Es hora de que garanticemos a nuestros jóvenes la realidad de un proceso penal con apego a garantías procesales y donde la Justicia se realice como valor, siendo herramienta eficaz para el logro de una sociedad más pacífica y justa.