Entrevista al presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, Dr. Pablo Rodríguez Salto, por el Día del Abogado. «Los roles de la Abogacía en la actualidad me parece que tienen que ver tanto con dar soluciones a problemas jurídicos modernos, propios de una sociedad masiva, como también con no abandonar aquellos preceptos constitucionales que hacen a la dignidad del ser humano como individuo», afirmó el titular del Colegio.
-¿Qué rol debe cumplir el abogado en la sociedad actual?
-Me parece que los desafíos de la Abogacía del siglo XXI en la Argentina pasan por dos aspectos. Por un lado, la resolución de problemas económicamente reducidos pero que afectan a un gran número de personas. Me refiero a la defensa de colectivos de consumidores u otros grupos que padecen afectaciones similares de sus derechos por parte de empresas o incluso del Estado. Pienso, por ejemplo, en cobros indebidos de instituciones bancarias de pequeñas sumas de dinero a un importante número de clientes, o de población afectada por contaminación ambiental, y un larguísimo etcétera. Estas son pequeñas grandes causas para los abogados, y tienen efectos masivos. Por lo tanto, implican la oportunidad de «pedir justicia» (y ayudar a «hacer justicia») para un número importante de personas. Requieren de nuestra parte un compromiso social, a la vez que mucha preparación y dedicación profesional.
El segundo aspecto importante no es novedoso, pero ha recobrado nueva importancia. Tiene que ver con la defensa de individuos ante situaciones de gran presión social. Voy a dar un ejemplo por el que acaso seré criticado, pero para eso estamos acá
Es el caso del enjuiciamiento y juzgamiento de delitos sexuales. Nadie puede dudar que son delitos aberrantes que merecen castigos severos, pero ello no significa que se pueda resentir los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, tan caros al Estado de Derecho. Cuando no hay pruebas importantes y contundentes para condenar a un acusado por cualquier delito que se trate, nuestro sistema de garantías constitucionales determina que se lo deba absolver. Esa solución, aunque sumamente desagradable cuando se traduce en la libertad de una persona culpable -pero no demostrada como tal-, tiene suma importancia para todos los individuos, porque el «relajamiento» de los principios de inocencia e in dubio pro reo son el germen de las persecuciones ideológicas y de la inseguridad de la libertad personal.
Un ex juez penal de General Pico solía decir, con resignación, que en nuestros días «estamos todos bajo libertad condicional». Me animo a decir que con respecto a los delitos sexuales -y a algunos otros también-, se ha retrocedido respecto del nivel de sano garantismo que supo forjar la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la década de 1980 en diversas sentencias. Con esto no estoy diciendo, ni por asomo, que no se deba creer la versión que dan las víctimas de delitos sexuales, que constituye muchas veces la única prueba disponible. Lo que estoy afirmando es que ese testimonio debe pasar un estricto control de credibilidad. Lo mismo sucede con otras pruebas en el proceso penal, y creo que un buen camino ha sido señalado por el fallo que el año pasado dictó la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia sobre el episodio ocurrido en la ciudad de 25 de Mayo. No lo digo tanto por el caso concreto en sí mismo, sino por las muy importantes reglas generales que enfatizó. Reglas que son garantías constitucionales, que todos conocemos, pero que vemos a diario son un poco resentidas o relativizadas en la práctica.
Los abogados defensores en ese tipo de casos estamos «solos», con un nivel de herramientas muy inferior a los fiscales. Pero debemos redoblar los esfuerzos para que la garantía de presunción de inocencia se mantenga como valor fundamental de nuestro sistema procesal penal. Creo que los abogados que se dedican al derecho penal coinciden de forma unánime en que debemos regresar al momento en que para condenar a una persona, por el delito que fuera, hacía falta contar con pruebas contundentes, porque ello reafirma la vigencia del Estado de Derecho. Se trata, en otros términos, de insistir en la idea -acaso decimonónica-, de que todo individuo es un fin en sí mismo, y merece gozar de las debidas garantías frente al poder punitivo del Estado.
Los tratados internacionales de Derechos Humanos que regulan la imprescindible protección especial hacia las mujeres, y hasta la necesidad de juzgar asuntos con perspectiva de género, no derogan las garantías procesales penales que otros instrumentos internacionales de igual rango contienen.
En definitiva, estoy decididamente a favor de que los culpables de delitos penales -tanto de los sexuales como del resto-, sean condenados y cumplan las condenas que correspondan. Aquí sólo estoy hablando del paso previo a la condena, el juzgamiento, en que no podemos disminuir las garantías procesales en virtud de la sospecha que bien o mal pueda tenerse sobre la culpabilidad del reo.
Esto que es derecho constitucional penal básico y elemental, parece que tiene hoy «mala prensa», y nosotros los abogados tenemos el deber de esforzarnos para que las garantías constitucionales se respeten. Porque eso es lo que nos separa de sistemas de «justicia» sumamente primitivos y vejatorios de los individuos.
En resumen, los roles de la Abogacía en la actualidad me parece que tienen que ver tanto con dar soluciones a problemas jurídicos modernos, propios de una sociedad masiva, pero también con no abandonar aquellos preceptos constitucionales que hacen a la dignidad del ser humano como individuo.
-¿Qué papel está cumpliendo el Colegio de Abogado como representación de los profesionales?
-Entendemos humildemente que el Colegio está teniendo un rol cada vez más activo y presente en diversos aspectos que hacen al ejercicio profesional. Hemos intervenido en las comisiones que se han formado para la reforma de las leyes de procedimientos penal, laboral y civil y comercial. Estamos analizando algunas reformas necesarias en materia de la ley de honorarios profesionales. En general, somos una institución cuya opinión es requerida por parte de los tres poderes públicos en los aspectos que hacen a cuestiones legales de nuestra incumbencia. Creo que tal vez el logro más significativo que hemos tenido como Colegio desde hace ya algunos años es la inmediatez respecto de los colegiados. Tratamos de eliminar todo atisbo de burocracia en nuestro funcionamiento, y creo que a través de diversos canales que hemos diseñado, estamos cada vez más cerca del colegiado para escuchar y atender sus inquietudes. Estamos rediseñando nuestro Consultorio Jurídico Gratuito para poder atender un mayor número de causas, de modo de cumplir mejor nuestro rol social de atención a los justiciables más necesitados, como también auxiliar a los organismos del Poder Judicial que hoy están bastante saturados en esa función.
-¿Qué rol tiene la capacitación para los abogados actuales?
-La capacitación de los abogados es un requisito imprescindible del ejercicio profesional. Couture decía que el abogado que no estudia permanentemente es cada día menos abogado, y así es, en efecto. Por eso, nosotros hemos aumentado significativamente las actividades académicas, ya sea las que hacemos por iniciativa propia como aquellas en que colaboramos con otras instituciones del medio, como la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, el Centro de Capacitación Judicial, el Colegio de Magistrados, entre otros, para lo cual también contamos con el auxilio organizativo de la Comisión de Jóvenes Abogados. Ha sido un acierto la utilización de los recursos humanos muy buenos con que contamos en nuestra provincia, ya sean abogados particulares como miembros del Poder Judicial para brindar disertaciones de diversos temas. Afortunadamente los colegas nos han ido apoyando más y más en esos eventos, y ya es habitual que realicemos actividades de capacitación «a sala llena». También tenemos una política de continua compra de materiales bibliográficos y de brindar acceso a herramientas informáticas de primera línea, que hoy en día son muy necesarias para nuestra profesión.
-¿Cómo es la relación con el servicio de Justicia?
-Nuestra relación es muy buena. Tenemos un diálogo muy fluido, sincero y recíproco, y a través de canales poco formalistas, lo cual hace más cómodo y sencillo el vínculo. Los miembros del Poder Judicial se muestran abiertos a nuestras sugerencias o pedidos y viceversa, porque nosotros también tenemos mucho que mejorar. En general, creo que todos estamos conscientes que es necesaria una actuación conjunta para arribar a buenas soluciones para los problemas jurídicos que enfrentamos.