El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa fue invitado por la Cámara de Diputados a expresar su opinión sobre la ley que impone un «tope de tasa» para eliminar los intereses usurarios que imponen las casas financieras en la provincia.
El presidente del CAPLP, abogado Pablo Rodríguez Salto, participó de la Comisión de Legislación General en la que agradeció la invitación realizada a nuestra institución y expresó que el Colegio está decididamente a favor de implementar soluciones legislativas tendientes a defender a las personas que son víctimas de la aplicación de intereses usurarios o abusivos.
Rodríguez Salto expresó que el proyecto de ley que es considerado en Diputados (consistente en fijar una tasa máxima de interés), debería complementarse con otras herramientas legales porque:
a) Hay riesgo de que se declare inconstitucional si se entiende que la Provincia no puede legislar sobre tasas máximas de interés. De ocurrir eso, tendría efecto expansivo y truncaría gravemente la sana intención de los legisladores.
b) La norma proyectada resulta un tanto inocua contra la práctica habitual de las financieras de «esconder» parte de los intereses bajo el «ropaje» de capital.
c) El establecimiento de una tasa de interés máxima por encima de las que fija el Banco de La Pampa podría tener como efecto no deseado, el incremento de los límites que ponen los tribunales a la tasa de interés, ya que incluso aplican esa facultad morigeradora respecto de tasas de interés bancario, lo que resulta acertado en algunas condiciones.
Por lo anterior, el Colegio propuso incorporar en el título del Código Procesal Civil y Comercial referido al juicio ejecutivo, normas que permitan un debate mayor de algunas circunstancias, cuando se esté ante una relación de consumo. Nos guiamos para ello en las normas de marcado tinte procesal que han propuestos juristas reconocidos a nivel nacional, en el proyecto de Ley de Defensa del Consumidor presentado el año pasado al Congreso Nacional.
Se opinó también que una arista imprescindible de la normativa a sancionar debe pasar por fomentar la educación de finanzas domésticas a la población, como método de prevención.
Por último, se remarca e informa que los abogados están en condiciones de auxiliar a las personas que hayan contraído este tipo de obligaciones, así como la existencia de un Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados, en condiciones de evacuar consultas y atender causas de deudores financieros.